PASTORAL DEL MENOR

Una necesidad C.V.V.: 
callada / velada / vetada

Si nos dicen que en el 2009 teníamos en la Comunitat Valenciana a 2.429 adolescentes (de 14 a 17 años) cumpliendo una Sentencia de Responsabilidad Penal en centros cerrados, semiabiertos, abiertos o en libertad vigilada, seguramente nos sorprendemos. Pero más nos podemos preocupar si sabemos que sólo en nuestra Diócesis de Valencia contamos con 4 de los 7 centros de menores de la Comunitat, con capacidad para 202 personas y NO reciben ningún tipo de asistencia religiosa. Choca un poco en contraste con la prisión de adultos que tiene 5 capellanes con nombramiento, 10 sacerdotes colaboradores y 120 voluntarios.

Estos centros de menores están en manos de instituciones privadas, aunque la custodia es de la Generalitat Valenciana. Cada menor encerrado nos cuesta tres veces más de que lo que cuesta un adulto en prisión. Lógicamente lo PAGAMOS entre todos. Si a veces encontramos deficiencias en el sistema penitenciario español que es público y está gestionado por funcionarios, cuántas más podríamos hallar en el GRAN NEGOCIO del dolor de las familias que tienen chicos y chicas con algún problema de conducta, muchas veces propio de la etapa evolutiva que están viviendo.

Los cerca de 3.000 presos (régimen cerrado y semiabierto) que tenemos en la diócesis se quejan de lo duro que es el paso por una cárcel (al respecto cabe decir que hay otras formas de cumplir condena que no implican el paso por una prisión y los estudios nos aseguran que son más efectivas que las prisiones actuales). Comprobamos de primera mano las secuelas que deja un medio cerrado: pérdida de responsabilidad, problemas visuales, auditivos, claustrofobia, pérdida de hábitos cotidianos de la persona, trastorno de la personalidad, ruptura de relaciones sociales, familiares (éstas se dan pautadas, si la familia puede visitarles)... Pues cuánto más complicado debe ser para un adolescente vivir esa situación de 'pájaro encerrado' justo en un momento en el que su incipiente efervescencia hormonal, paso de la niñez a la juventud, cambios en su personalidad, conducta, rechazo generalizado a la norma... les juega más de una mala pasada.

Sin querer justificar los delitos nos podríamos preguntar, en relación a esas edades 'rebeldes', ¿cuántos de nosotros hicimos alguna trastada que repercutió en la otra persona, ya sea de nuestro ámbito familiar, de amistad o de fuera de este círculo? Y ¿cómo solucionamos los problemas? Seguramente dialogando, pidiendo perdón, reparando el daño si era posible, reconciliándonos con la víctima, intentando NO volver a caer en lo mismo... Los padres muchas veces ejercieron de auténticos mediadores. ¿Porqué en estos casos en los que entramos en el terreno penal no se puede usar un gran SERVICIO que es la mediación penal? Que no hay que confundirla con la conformidad a la que muchos letrados llegan con el fiscal por tal de asegurar honorarios y tranquilizar, engañosamente, la conciencia de sus clientes.

Esto nos lleva a LEVANTAR la VOZ de los sin voz, a decir públicamente que la Iglesia está teniendo MUCHOS problemas en firmar convenios de colaboración con los gobiernos autonómicos. Actualmente sólo hay 2 firmados: Comunidad de Madrid y de La Rioja. Nuestros hermanos de Aragón parece que están en la fase final, pero no sin serias dificultades.

El año pasado, por estas fechas, el Obispo Auxiliar de nuestra diócesis, D. Enrique Benavent, tenía una entrevista con dos de los directores de estos centros para ver la forma o fórmula de poder atender pastoralmente a estos chicos/as que están privados de libertad. Aunque no pusieron pegas en recibirle y compartir con él unos momentos, la realidad es que a día de hoy no tenemos nada reglado para entrar en los 4 centros de menores. D. Enrique pasó esta inquietud/necesidad pastoral a los obispos miembros de la Provincia Eclesiástica y, sin tenerlo en el orden del día, trataron el tema y asignaron al Obispo de Castellón, D. Casimiro López, el confeccionar y hacer los trámites pertinentes con la administración regional, asesorado por el equipo jurídico de las diócesis.

Cabe señalar al respeto que estamos hablando de un convenio de la Generalitat Valenciana con las 3 diócesis que están presentes en su territorio: Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Valencia. Aunque debe tener el visto bueno de los obispos de Alicante y Castellón la firma la realizará nuestro Sr. Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro. Esperemos que sea lo antes posible para el bien de estos chicos presos y, a la par, para sus familias que son también parte de esa rueda de dolor que concluye, en muchos casos, en la prisión de adultos.

Fray Javier Palomares, O. de M.